Para su madre y sus hermanas, los cambios que habían observado en el último tiempo en el comportamiento de V.T., una joven santiagueña de 22 años discapacitada, son prueba suficiente de que su embarazo, de varias semanas, fue producto de una violación. Peor aún. Consideran que el aumento en la violencia con que ella misma se agrede y en su nivel de aislamiento son elementos que indican claramente que el violador se encuentra entre las personas que integran el círculo íntimo de la chica.
Su certeza en relación con el tema es casi tan firme como la que envolvió el pedido formal de interrupción del embarazo que realizaron ayer al Servicio de Maternidad del hospital regional Ramón Carrillo de la ciudad de Santiago del Estero, al que los profesionales darán una respuesta tras debatir la decisión en una junta médica que mantendrán hoy y de la que, se espera, participen asesores del Ministerio de Salud provincial.
