Lógicamente, si esas mujeres precisan dinero de la sociedad de gananciales, libremente asumida, necesitan que su disposición de dinero para el aborto sea autorizada por el otro miembro de la sociedad de gananciales, es decir el marido. Porque estimo que la Junta de Castilla-La Mancha no favorecerá el que mujeres que quieran ejercer su derecho legal al aborto, ROBEN dinero de la sociedad de gananciales, que puede ser preciso para el cuidado de menores no emancipados o personas mayores, porque la Comunidad de Castilla-La Mancha no tiene dinero para pagar en plazos razonables esa obligación legal que la impone Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, situación que no creo arreglen las próximas elecciones en un plazo prudente, si fuera posible.
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