Hasta ahora ya existía la llamada enmienda Hyde que contemplaba el derecho de conciencia que podían reclamar las personas obligadas a intervenir en estas interrupciones de embarazo.
Pero con la nueva ley se va más allá y se establece que los recursos federales no podrán financiar los abortos directa o indirectamente vía pagos, tratamientos o incluso pago de seguros que autoricen estas intervenciones.
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