Los fondos federales para el aborto están ahora limitados a los casos relacionados con violación, incesto o peligro de muerte para la madre. Los adversarios del aborto piden que esas restricciones se extiendan a cualquier seguro médico a la venta en el nuevo mercado previsto en la iniciativa de ley, un mecanismo en que la gente podría escoger la cobertura privada o el plan público.
Los simpatizantes del derecho a la interrupción del embarazo dicen que esa situación tendría el efecto de negar la cobertura para el aborto a millones de mujeres que ahora la tienen con el seguro pagado por su empleador, y que se espera adopten el mecanismo de elección mencionado arriba.
Las dos partes se preparan para una nueva lucha sobre el tema, la cual podría poner en riesgo el respaldo político a la propuesta del presidente Barack Obama sobre el sistema de salud, la cual tiene el propósito de dar cobertura a casi 50 millones de estadounidenses sin seguro y reducir los costos del servicio médico. La disputa podría coincidir con las votaciones a finales de año en la Cámara de Representantes y el Senado sobre el aborto, una perspectiva que numerosos legisladores esperan evitar.
"Queremos ver que la gente sin seguro médico lo tenga, pero este es un punto que podría generar un impasse", dijo Richard Doerflinger, director adjunto de las actividades pro-vida de la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos. "No queremos que la reforma de salud sea el vehículo para ordenar el aborto". La Iglesia católica no puede aceptar un plan público que cubra el aborto, señaló.
