Dos años y cinco meses después de que se iniciara el caso contra la clínica de abortos Isadora, la justicia ha dado un fuerte varapalo a las actuaciones de la Guardia Civil y del juez de instrucción José Sierra Fernández. La Audiencia Provincial de Madrid afirma que el magistrado Sierra no era competente para instruir el procedimiento; que ha imputado a tres medicos del centro por abortos ilegales "sin concretar qué intervenciones son las sospechosas, ni cuál es el motivo de ilicitud ni, en fin, la intervención que cada uno de los imputados ha tenido en la interrupción ilícita de los embarazos"; y que los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) desobedecieron la resolución del primer magistrado que recibió una denuncia sobre el tema y buscaron uno más favorable a sus tesis.
"Lo que está en juego no es una mera cuestión de competencia entre órganos judiciales (...) sino el acatamiento y el respeto de las decisiones judiciales por las autoridades administrativas, la policía muy especialmente", señala el auto, firmado por los magistrados de la sección cuarta. El caso Isadora debe volver ahora al Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid -como pedía el abogado de una de las partes, el fallecido Rafel Burgos- el mismo que el 16 de febrero de 2007 se negó a abrir un procedimiento penal a pesar de la petición de los agentes de la Guardia Civil. El auto de la Audiencia Provincial no se puede recurrir.
