AI asegura que la "falta de acceso" a la atención de la salud "es una violación del derecho humano de las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud". En el informe también se reclama que el Programa de Acción de El Cairo adoptado en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- documento que no tiene carácter vinculante en la legislación internacional- compromete a los Estados a proveer "el aborto en la máxima medida permitida por las leyes nacionales". La realidad es otra: El texto de El Cairo es menos radical: reconoce que no crea ningún nuevo derecho y advierte que "en ningún caso debería promoverse el aborto como método de planificación de la familia" y afirma que "cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto... se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional", a la vez que establece que en los lugares donde el aborto está permitido por la ley, debe ser realizarse en condiciones de seguridad.
Fundada en 1961 por un católico converso, Amnistía Internacional mantuvo tiempo atrás una postura neutral acerca del aborto. Recientemente, en 2005, reconoció que "no existe un derecho generalmente aceptado a abortar en las leyes internacionales de los derechos humanos". La posterior defensa del aborto por parte de la agrupación ha llevado a que muchos la acusen de haber traicionado sus principios fundamentales.
