La Conferencia Episcopal Española ha hecho público un documento en que, de una manera clara y rotunda, recuerda la doctrina católica sobre el aborto; también expresa su opinión sobre el anteproyecto de ley. Nada nuevo bajo el sol. Porque los obispos españoles no hacen otra cosa sino repetir lo dicho una y otra vez sobre el aborto. No podían decir otra cosa, so pena de manifestar que la Iglesia Católica había cambiado su doctrina. Y en el documento recuerda a sus fieles, los católicos, que, si quieren ser coherentes con su fe, deben oponerse al aborto. También recuerda, desde su libertad y su interpretación de la vida, que el aborto atenta al derecho a la vida.
Y... zas, a degüello. Me parece normal que los partidarios del aborto critiquen lo dicho por la Iglesia Católica; lógico y normal, además propio de la libertad de pensamiento y de expresión. Pero una cosa es la expresión del propio pensamiento y la defensa del mismo hecha públicamente, y otra, y bien distinta, negar el derecho que tienen los obispos católicos a expresar su pensamiento, a recordar su doctrina sobre el aborto. Tienen ese derecho, como lo tienen la Asociación de Antiguos Visitantes de los Castillos de España o la Cofradía de Catadores del Jamón Ibérico.
Si estamos en una sociedad constitucionalmente democrática, la libertad de pensamiento y de expresión es derecho incuestionable. Si esta sociedad es entendida como una sociedad de pensamiento único impuesto porque quienes se consideran «únicos interpretes» del progreso y del desarrollo... ¡apaga y vámonos!, estamos en una dictadura, eso sí, enmascarada de democracia.
