El gobierno ha echado ese arenque ahumado para desviar la atención de la opinión pública sobre cuestiones que sí merecen ser debatidas. Mencionemos algunas.
Cómo es compatible una ley de plazos, que consagra el aborto a petición, con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce expresamente que la vida del nasciturus es un bien jurídico que goza de protección constitucional.
Si al gobierno le preocupa, como dice, el alto número de abortos, debería explicar por qué cree que va a reducirlo convirtiéndolo en un derecho y dando más facilidades para abortar.
Si la experiencia de la ley actual muestra que el riesgo para la salud psíquica de la madre se ha utilizado como un subterfugio para el fraude de ley, por qué se seguiría manteniendo en la nueva ley hasta la semana 22, lo que supone el aborto a petición hasta ese plazo.
Si los nuevos conocimientos científicos confirman la existencia de una vida humana en desarrollo desde el momento de la concepción, el gobierno debería explicar qué razón científica lleva a escoger un plazo de 14 semanas (y en la práctica 22), para dejarla desprotegida.
Si una joven de 16 años no puede votar, ni comprar tabaco ni beber alcohol, por qué la nueva ley las considera maduras para someterse a un aborto sin autorización ni conocimiento paterno.
Cómo se garantizaría que los profesionales sanitarios que invocan la objeción de conciencia no fueran discriminados, en el caso de que se reconociera el aborto como un derecho de la mujer.
Qué protocolos garantizarían el consentimiento informado de la mujer en el caso de aborto y qué medidas se prevén para ayudar a las mujeres con dificultades que quieren tener el hijo.
Cuando se introdujo la píldora del día después se dijo que reduciría el número de abortos, sobre todo entre adolescentes, pero de hecho la difusión de su consumo ha ido acompañada de una escalada abortista. El gobierno debería explicar por qué piensa que para reducir los abortos basta aumentar los anticonceptivos.
Estas y otras cuestiones centradas en el aborto merecen ser debatidas, en vez de distraer a la opinión pública con el arenque ahumado de la autonomía de la ley civil frente a la Iglesia. A otro perro con ese arenque.
