La futura ley, que carece de presupuesto, contempla ayudas sociales de hasta 600 euros para aquellas mujeres que necesiten recursos y que acrediten su embarazado mediante un certificado médico. Las ayudas se ampliarán a las actuales deducciones autonómicas por nacimiento o adopción, también desde el momento en que se conozca la situación de embarazo.
El proyecto establece medidas de información y apoyo a las embarazadas -o "madres gestantes", como las llama el texto con dificultades socioeconómicas para tener un hijo, mediante la creación de una red de centros asistenciales que apoyen a las madres durante y después del embarazo, orientando a las mujeres sobre las consecuencias de abortar o de llevar a término su gestación.
Otra novedad consiste en favorecer una red voluntaria de familias de acogida para mujeres embarazadas, sobre todo jóvenes que no tengan recursos. Las familias de acogida podrán beneficiarse de ayudas económicas, un aspecto que también alcanzará a las organizaciones benéficas que trabajen con embarazadas "en situación de exclusión social".
La prestación farmacéutica será gratuita para los bebés hasta que cumplan 18 meses y se agilizarán los tiempos de adopción en el aspecto judicial, tanto para las gestantes como para aquellas familias que deseen adoptar un niño.
Estas son las líneas generales del proyecto que ayer presentó Camps acompañado por los responsables de las consejerías implicadas en el desarrollo de la futura ley de protección a la maternidad, que, según el dirigente popular, no supone ningún pulso al Gobierno. "No hacemos pulsos a nadie --sostuvo--. Trabajamos en beneficio de las personas y a favor de las familias".
