Invocar una supuesta necesidad de reforzar el principio de seguridad jurídica para introducir la legitimación del plazo es puro cinismo porque lo que se busca con ello no es más que garantizar la impunidad de aquellos que hoy realizan profesionalmente la interrupción del embarazo sin atenimiento a las pautas y controles establecidos por la actual ley. El despropósito se hace mayúsculo cuando se apunta la posibilidad de prescindir del consentimiento familiar una vez cumplidos los dieciséis años demostrando así la mentecata e insana determinación de un Gobierno que está dispuesto a admitir que una menor tome por sí sola una decisión irrevocable para su vida y para la existencia de otro mientras que, a la vez, carece de capacidad legal para conducir un coche o votar.
El verdadero respeto a los derechos de la mujer estriba en garantizar su libertad ofreciéndole soluciones que le eviten caminos traumáticos. Sólo en el último año hubo en España más de cien mil abortos oficialmente reconocidos. Este dato acredita que algo falla y que la alternativa no pasa por dejar que ese número aumente en el futuro. No se trata tan sólo de oponer argumentaciones éticas. Existen también imperativos sociológicos que no cabe obviar. España precisa rejuvenecer su pirámide poblacional. Muchas familias españolas tienen que acudir al extranjero para hacer efectivo su deseo de adopción. Miles de mujeres desearían culminar su embarazo si dispusieran de un sistema público de protección suficiente. Todo eso es lo que Zapatero debiera procurar en vez de promover con tontuna el engaño del aborto.
