En la lucha contra el tabaquismo, contra el alcohol, contra los accidentes de tráfico o contra la violencia doméstica hemos logrado éxitos al implicar a las Administraciones públicas. Si hubiésemos considerado esas conductas como privadas, como indiferentes para el bien común, no habríamos hecho nada y tales conductas seguirían creciendo. ¿Por qué no hacer lo mismo con el aborto, más allá incluso de su tratamiento penal? Este es un terreno en que quizá todos podríamos coincidir y ayudar a evitar tanto fracaso y dolor.
Les propongo a continuación algunas medidas que, entiendo, esta Subcomisión podría valorar y hacer suyas si de verdad asumimos -¡todos!- como objetivo evitar que ninguna mujer tenga que pasar por algo tan dramático como un aborto:
- ayudar a reforzar la conciencia pública del derecho a nacer y vivir de los niños con minusvalías,
- crear y fortalecer una red de información y apoyo solidario a la mujer embarazada para que nunca esté sola ante los problemas que le genere el embarazo, de forma que siempre pueda tener a su alcance soluciones alternativas compatibles con la continuación del mismo.
- Pedagogía pública contra el aborto como se hace contra el tabaco o los accidentes de tráfico, informando de sus consecuencias reales.
Plantearse la cuestión así exige superar lo que entiendo es el gran lastre del actual debate parlamentario y social sobre el aborto en España: los intereses económicos de las empresas que han hecho del aborto un negocio. Por desgracia, parecería que detrás del debate actual no están más que los intereses de estas empresas, su miedo a que se les aplique la legislación vigente por los tribunales competentes como a cualquier otra persona o entidad. Así se deduce de las noticias de prensa y del análisis de a quien recibe el Gobierno para hablar de este tema. Me parecería tristísimo que al regular una realidad tan dramática y dura como el aborto primasen solo los intereses económicos de unos pocos.
