Aguirre había dado la batalla: ¿resultaría constitucional que la Asamblea Legislativa dejara de penalizar el secuestro o penalizarlo con distinciones de la edad de la víctima?, preguntó.
Insistió en que la Constitución consagraba el derecho a la vida y dijo que la despenalización no era una medida válida para solucionar el problema de la mortalidad de mujeres por abortos clandestinos.
“Hacer prevalecer los derechos de la mujer sobre el derecho a la vida humana del concebido, bajo la premisa de negarle el carácter de ser humano, equivale a repetir el error histórico de cosificar a ciertos seres humanos por conveniencias políticas e ideológicas”, afirmó.
Le recordó a los ministros Juan Silva, Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño que hace ocho años, al abordar otra acción de inconstitucionalidad, habían coincidido en que “el Estado no podía autorizar a una mujer a abortar, porque ello conculcaría el derecho a la vida del producto de la concepción”.
Nada funcionó.Al final exigió que su proyecto, su estudio anexo, sus ponencias y demás intervenciones fueran sumados al engrose definitivo, para que sirvan de testimonio en el futuro, dijo… “Para cambios de opinión o para cuando otras generaciones de ministros puedan tomarlo en cuenta y lo hagan mejor de lo que nosotros lo hicimos”.
