No solo se obliga a todos los contribuyentes a financiar la industria del aborto; no solo se incluye el aborto dentro de la cartera de servicios sanitarios, junto a las vacunas, los antibióticos o las operaciones quirúrgicas, sino que se reconoce un estatus de "Maternidad" a lo que es un acto violento contra la vida y la maternidad.
La financiación pública del aborto es una realidad injusta para millones de españoles obligados a pagar con nuestros impuestos la eliminación de vidas humanas que constituye un negocio de más de 70 millones de euros al año.
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