A pesar de que para poder acabar con la vida de menores se necesitaba el consentimiento paterno, era bastante usual que se ejerciera presión sobre las familias para que acabaran cediendo y enviaran a sus hijos a los centros de muerte diseminados por Alemania. Allí, ya fuera mediante una inyección letal o mediante cámaras de gas, se acabó con cientos de vidas de enfermos no sólo extranjeros, sino también alemanes.
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«El Ministerio del Interior solicitó a los médicos y a las parteras que informaran de todos los casos de recién nacidos que mostrasen enfermedades graves (…) como: idiotez, síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones de todo tipo (especialmente de extremidades, cabeza y columna vertebral); y parálisis, incluyendo condiciones de parálisis cerebral».
