El abogado Agustín Amonte, quien asesora a más de 100 médicos que evalúan denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que entienden como una “presión” por parte del Estado y en particular del subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, para que revisen su decisión de ampararse en la objeción de conciencia para no indicar abortos, consideró que ese jerarca lleva adelante “una estrategia” contra los profesionales que se amparan en ese derecho.
En declaraciones a radio Carve manifestó este martes que primero deben agotarse los recursos en el Derecho nacional para luego ir a la CIDH, “en caso de que se mantenga toda esta parafernalia que ha montado el Ministerio de Salud Pública (MSP) en torno a los médicos que han ejercido legítimamente su derecho a la objeción de conciencia
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