La gestión privada de los servicios sanitarios, en este caso abortos, se ha convertido en un suculento negocio. A raíz de la aprobación de la Ley del Aborto de 2010, que entre otras novedades permite abortar a menores de 16 años sin el consentimiento de los progenitores, muchas clínicas han diversificado e incluso han cambiado de especialidad médica para llevar a cabo la interrupción del embarazo. Si en abortos no se recorta, sí se reducen el número de camas hospitalarias y los Centros de Atención Primaria de la red pública sanitaria.
Como ya informó LA GACETA, el CatSalut derivó el año pasado a 1.904 mujeres que querían abortar a las clínicas que mantenían concierto con la Generalitat. El cumplimiento legal en materia abortiva supuso para las arcas públicas catalanas destinar 709.000 euros en el año 2010. Mientras tanto, el Gobierno de Artur Mas continúa recortando presupuesto destinado a Sanidad, algo que está provocando el cierre de hospitales y la reducción de los horarios de atención nocturna.
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