El gobierno de España está sistemáticamente violando los derechos de objeción de conciencia de los agentes sanitarios en cuanto al aborto, según dice un grupo de peritos judiciales, el cual ahora está tomando acción para restaurarle esos derechos.
A partir de julio de 2010, la ley española considera que el aborto es “un derecho autónomo” para todas las mujeres, a la que no pueden oponerse los profesionales en la medicina. Según la ley, los médicos no pueden urgir a la mujer a no abortar, ni pueden rehusar referir para un aborto, ni rehusar participar en un aborto, a menos que hayan específicamente solicitado previamente ser incluidos en “una lista negra” gubernamental de los objetores de conciencia.
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