El Ejecutivo lo tenía claro cuando aprobó la reforma legal: la Ley del Aborto disminuiría las interrupciones del embarazo, al ser, a su juicio, «más restrictiva» que la anterior. Además, todos los profesionales sanitarios implicados que lo desearan podrían acogerse a la objeción de conciencia para no practicar abortos. Todas las pacientes recibirían información clara y rigurosa sobre sus alternativas y, además, el aborto sería gratuito y también los métodos anticonceptivos para evitar que se llegue a este extremo. Con la filtración de algunos de los datos de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2009, el Gobierno ha empezado a «apuntarse tantos». Aseguran que la discreta reducción que a priori parece que se registrará (3.000 intervenciones menos) se debe a la libre dispensación de la píldora del día después y a la promoción de hábitos de salud sexual. Sus propios aliados, las clínicas abortistas, ya les han advertido de que no lancen las campanas al vuelo. Dudan de la disminución de los abortos y, sobre todo, de que se deba a las medidas del Gobierno. Es sólo una de las «mentiras» que sólo dos meses y medio después de la entrada en vigor de la norma se van destapando.
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