Un mes después de entrar en vigor la nueva Ley del Aborto, empiezan a surgir en Galicia los primeros atrancos para llevarla a la práctica. Faltan médicos dispuestos a realizar estas intervenciones ya que muchos de ellos se acogen a la objeción de conciencia para no practicar este tipo de intervenciones. La solución de la Consellería de Sanidade para hacer cumplir la ley es suscribir conciertos con clínicas privadas, a las que les paga unos 360 euros por cada interrupción del embarazo, una cantidad que es un 20 por ciento menos de lo que hasta ahora cobraban estos centros por los abortos que practicaban a sus clientes.
Los conciertos con las privadas ayudan además a no sobrecargar más todavía los servicios de ginecología de los hospitales, que sufren ya largas listas de espera.
Pero no son solo los ginecólogos los que objetan problemas de conciencia. Elías García explica que se encuentran también con el rechazo de anestesistas a participar en estas intervenciones.
