El pasado 5 de noviembre, el episcopado guatemalteco denunció enérgicamente el Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de servicios de planificación familiar y de su integración en el programa de salud reproductiva, sancionado por decreto por el presidente Alvaro Colom. Los obispos encabezan el comunicado con las palabras del profeta Isaías, “!Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal!”
En el comunicado -firmado por el Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, arzobispo de Santiago de Guatemala y Mons. Víctor Hugo Palma Paúl, obispo de Escuintla y encargado de la Comisión de Pastoral Educativa de la Conferencia Episcopal- los obispos denuncian que el decreto tiene irregularidades conceptuales, pues no define palabras básicas como "género", "poblaciones postergadas" y "barreras médicas".
Además, dicen los obispos, la nueva legislación incurre en inconstitucionalidades evidentes, pues establece contenidos de educación sexual para menores de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, los cuales violan la libertad de enseñanza, como derecho de los padres y como derecho de los establecimientos educativos.
Por último, el comunicado de la Conferencia Episcopal, pone en evidencia la corrupción que podría derivarse de que las mismas ONG que promueven el programa pueden ser proveedoras de elementos anticonceptivos, por ejemplo, la Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM). APROFAM recibe fondos y material de la IPPF, la internacional del aborto y la corrupción de menores; de la USAID; de la Pathfinder Foundation; del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); de la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc.
