La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, al que se le pondrá en la alternativa de tener que ratificar la doctrina consolidad de su sentencia de 1985, que hace claramente inconstitucional el aborto libre; o ceder a los planteamientos que le invitan a «actualizar» esa doctrina, es decir, a dar carta blanca al aborto incondicional.
El problema para quienes defienden este segundo criterio es que una actualización al siglo XXI de cualquier doctrina sobre el aborto sólo conduce a la conclusión de que es un acto atávico e impropio de una sociedad moderna que dispone de servicios y recursos públicos destinados a la atención de las mujeres embarazadas.
Precisamente, si en algo influye el cambio social de las últimas décadas es en hacer del aborto una opción desproporcionada para solventar los conflictos que el embarazo pueda provocar a la mujer.
