La posibilidad de registrar a recién nacidos fallecidos no está en dicha ley, sino en el conjunto global de medidas, como afirmaron fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que no quisieron dar más detalles del proyecto. El titular de Bienestar Social, Juan Cotino, explicó ayer en La Razón que con esta opción se pretende "reconocer a los padres su derecho a dejar constancia de que el hijo que no ha sobrevivido era su hijo, tenía nombre, padre y madre".
La norma contempla aspectos como la subvención a redes de voluntarios antiaborto que podrán albergar en sus casas a mujeres embarazadas en situación vulnerable durante la gestación y abre la posibilidad de contar con familias de acogida -remuneradas con 1.000 euros mensuales- que se presten a tener en casa a estas embarazadas hasta un año y medio después de dar a luz. La ley prevé también la creación de tres centros de atención a la maternidad -uno por provincia- cuya función será "informar a las embarazadas". Computa el feto en gestación como un hijo más a efectos de prestaciones y servicios de la Generalitat (reconocimiento de familia numerosa, beneficios fiscales autonómicos).
