Salga como salga, ese proyecto es carne de recurso de constitucionalidad, que al cansino ritmo actual de trabajo del TC puede acabar sustanciado allá por el 2025. La consideración del aborto como un derecho exigirá un pronunciamiento expreso sobre su compatibilidad con el artículo 15 de la Carta Magna. Pero antes de eso el Gobierno va a tener que sortear un disenso muy amplio y limar su proyecto de aristas que irritan a muchos padres inquietos por la frívola posibilidad de que sus hijas menores emprendan a sus espaldas una peligrosa aventura sin retorno.
Si se trataba de una cortina de humo para preservar el grueso de la nueva ley, la humareda se ha vuelto tan espesa que amenaza con asfixiar a los promotores de la hoguera. De momento el texto tendrá que ir a las Cortes sin dictamen judicial, lo que debilita de modo inquietante su soporte jurídico y anticipa el bloqueo en que puede quedar sumido cuando llegue el momento de las sentencias.
