Apoyado en todos los antecedentes jurídicos y en las recomendaciones de los organismos internacionales, el denso dictamen fiscal demuestra que no hay antecedentes en ninguna parte que proclamen el aborto como un derecho de la mujer y que el meollo del proyecto es contrario a la obligación constitucional del Estado de proteger la vida.
De tal manera se contrapone la prevista ley de plazos a la Constitución, que sería necesario cambiarla y desproteger abiertamente la vida del “nasciturus” para que la nueva ley pudiera tener un encaje legal. El dictamen de los fiscales es tan demoledor que ya no cabe demagogia alguna por parte del Gobierno para acusar a los defensores de la vida de “retrógados” y otras lindezas.
