Para el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, los farmacéuticos “tienen que aceptar las reglas que establecen las administraciones públicas” y por eso mismo “en modo alguno pueden objetar” la venta de este cóctel abortivo. A nuestro modo de ver, esa toma de posición parece pretender establecer como principio ético una mera decisión administrativa, lo que nos trae de nuevo a la memoria los “criterios administrativos” establecidos por las autoridades Nacionalsocialistas para decidir quien y cuando debía morir en las “salas del procedimiento” habilitadas en los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Dachau.
También ha pedido la FADSP a todos los políticos que presentan candidatura a las elecciones del próximo 7 de junio, que apuesten por un sistema sanitario público europeo que garantice, entre otros derechos, el del aborto “para todas las mujeres” y el de “una muerte digna sin sufrimiento”. A nuestro modo de ver, resulta cuando menos una falta de coherencia que quienes se erigen en defensores de la sanidad pública sean precisamente defensores a ultranza de la matanza de los seres humanos más inocentes y más indefensos, y promotores de unas prácticas que no por casualidad vienen provocando desde hace años el éxodo masivo de ancianos holandeses hacia otros países.
