Era de esperar que el Gobierno socialista, tras los escándalos de Morín et alii, tratase de modificar la legislación para asegurar el negocio abortista de estos desalmados, de forma que se impida que los jueces puedan entrar a averiguar la naturaleza y las circunstancias de sus manejos homicidas; y que, en su malvada estulticia, el Gobierno plantease la cuestión de la legislación sobre aborto como algo religioso o debate entre derechas e izquierdas.
También entraba en lo previsible que el Partido Popular manifestase su conocida tibieza ante esta matanza silenciada, infinitamente superior en número al Holocausto y aceptada sin rechistar por los países que se llaman democráticos. La actitud del Partido Popular -me refiero a la actitud institucional, no a la de muchos de sus militantes- atiende sólo a los estímulos electorales, y la preservación de la vida humana inocente no forma parte de sus principios intangibles, como se demostró cuando el PP tuvo mayoría absoluta y no cambió la inicua legislación vigente.
