La propuesta de una nueva ley de plazos supone un cambio trascendental, tanto en el modo de entender el aborto como en la posición de los profesionales de la Sanidad, en particular, en su derecho a la objeción de conciencia.
Actualmente, el aborto es un delito despenalizado en tres supuestos y los médicos que no lo realizan actúan "estrictamente en el terreno de la legalidad y de las normas deontológicas; si acaso, sólo cabría invocar la objeción de conciencia para rechazar su intervención en los supuestos despenalizados".
En consecuencia, añade, "la negativa al aborto no es una práctica abusiva, sino una manifestación de buena praxis, legal y deontológicamente intachable".
Con la nueva ley, el aborto "pasaría de ser un delito despenalizado en ciertos supuestos a convertirse en un derecho limitado exclusivamente por unos plazos, y como acto médico exigible, quedaría el objetor en una situación de excepción".
