Las edades legales de consentimiento para relaciones sexuales son dispares, dependiendo del país. Por término medio, oscilan entre los 14 y los 16. En España se bajó a 13 años. El Gobierno español acaba de iniciar una reforma del Código Penal que mantiene la edad de mayoría sexual y aumenta las penas por abusos a menores.
A partir de los 13 años pueden tener relaciones sexuales consentidas y la mayoría de edad sanitaria tiene lugar a los 16, lo que quiere decir que pueden solicitar la píldora sin necesidad del consentimiento de los padres, pero no pueden abortar.
Esto genera situaciones controvertidas. Si un médico les prescribe la píldora del día después sin que los padres estén de acuerdo, le pueden denunciar por administrar a su hija un abortivo sin su consentimiento. Si, por contra, el facultativo se niega por considerar que es menor de edad, porque no tiene madurez para tomar una decisión así o cualquier otro motivo que no sea el de la objeción de conciencia, también puede ser denunciado, por negación de asistencia sanitaria.
En ocasiones es la propia chica la que pide que no informen a sus padres, con lo que se presenta el dilema de si deben guardar el secreto profesional o informar a los padres de una hija menor de edad. Recientemente, el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Santiago Barambio, en la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la ley del aborto, presionaba para que se suprima la obligatoriedad del consentimiento de los tutores a la hora de llevar a cabo el aborto a partir de los 16 años. Y parece que la presión del lobby ha sido efectiva: el grupo socialista ha decidido apoyar que la “autonomía de decisión” para abortar se fije en los 16 años. Más clientela.
A la vista de todos estos datos, la conclusión es delirante: una joven con 14 años es menor para conducir ciclomotores pero no para mantener relaciones sexuales, y con 16 es menor para beber pero no para que le dispensen una píldora abortiva. A esa edad, sus padres son responsables de que no fume, pero no tienen derecho a acceder a sus notas, según plantea la Agencia de Protección de Datos de Madrid.
