Seis familias al día, afirma el PP, 50.000 desde que se instauró la democracia, "viven con el tabú y la incoherencia de no poder contar con un miembro de su familia y tener que vivir su duelo a puerta cerrada", en palabras de Manuel Altava, juez y senador del PP. "Carece de sentido que tras la pérdida de una hija o un hijo sus progenitores no puedan darle un nombre, y que en todos los documentos públicos simplemente ponga hembra, varón, difunta o difunto, sin que pueda constar el nombre elegido por sus padres".
PP, CiU y PNV lo presentaron como una cuestión de sentido común, humanidad y sensibilidad de la Administración con este drama personal. El propio texto de la proposición aclara que la inscripción sería únicamente a efectos de filiación, sin ninguna consecuencia jurídica (lo que podría trastocar gravemente algunas herencias). Se trata de poner un nombre "que pueda constar en los registros públicos", de forma que la familia pueda incluso enterrarlo, "y no acabe tratado como residuo biológico".
Si se acepta esta modificación legal, se está aceptando que un feto abortado es un niño. Una premisa clave en el debate que se inicia en el Congreso. La iniciativa del PP parte de peticiones concretas de familias. El PSOE aseguró que las consultadas por ellos lo ven en sentido contrario.
La proposición de ley aprobada ayer es la primera con origen en el Senado de esta legislatura. Ahora se tramita como los proyectos de ley, es decir, se envía al Congreso para que abra un periodo de enmiendas. Los partidos que lo han aprobado en el Senado no forman mayoría absoluta en el Congreso, por lo que seguramente fracasará. Sin embargo, habrá que debatir dos veces, en las dos cámaras, en pleno trabajo parlamentario sobre el aborto, acerca de esta cuestión aparentemente sencilla: ¿debe poder una familia poner nombre a su hijo nacido muerto?
