En materia de aborto, la UPF exige que la sanidad pública garantice en todo el territorio la prestación sanitaria necesaria para la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legales.Al mismo tiempo, denuncia la instrumentalización de la ley por sectores reaccionarios, «en ocasiones apoyados por alguna administración pública con la esperanza de eliminar el derecho de las mujeres a decidir, por motivaciones puramente ideológicas y religiosas incompatibles con el Estado laico»
Sobre la eutanasia estimado necesaria una reforma del Código Penal para que regule la despenalización de esta práctica, garantizando el derecho a una muerte digna. La UPF no perdió la oportunidad de criticar a la Comunidad de Madrid, como viene siendo tradicional desde el «caso Montes».
