Es una evidencia que el aborto en España se ha convertido en un magnífico negocio para aquellos que lo practican.
Los datos que figuran en el sumario del caso Morín lo demuestran claramente. Un colaborador suyo sin título de ginecólogo percibía, según sus propias declaraciones por teléfono, un mínimo de 5.000 euros al mes que podían llegar en diversas ocasiones a los 8.000.
Si éste es el resultado de un colaborador es fácil inferir lo que puede representar para el propietario del negocio. Estas circunstancias se ven facilitadas por la impunidad con que estas clínicas vienen funcionando que se extiende hasta el ámbito fiscal.
